“Sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Retos y perspectivas de protección de los derechos humanos” (VIDEO) – Dr. Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete

To take part to the online discussion on the presentation and obtain the respective recognition, log in or subscribe to IgiTo.

Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

“El nuevo convenio tributario Colombia – Italia y nuevas oportunidades: observaciones preliminares” (ARTÍCULO) – Ab. Esteban Gaviria (Colombia)

Sorry, this entry is only available in European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(Por Esteban Gaviria (Abogado, Cartagena de Indias, Colombia). Nota importante: Las opiniones presentadas son posturas personales del autor y no reflejan necesariamente la posición de IgiTo sobre los asuntos abordados. Las informaciones presentadas son generales, tienen finalidad de divulgación y no substituyen en ningún modo la asistencia de un profesional. Informaciones: info@igito.it)

El día 26 de enero del año 2018, funcionarios del cuerpo diplomático del gobierno colombiano (incluido en ese entonces ministro de hacienda Mauricio Cárdenas) suscribieron en la capital italiana de la mano de representantes del gobierno italiano un convenio entre las dos naciones para evitar de esta forma la doble tributación. El gobierno colombiano ratificó dicho convenio a través de la promulgación de la ley 2004 del año 2019.

Los impuestos cobijados en este convenio en el caso de Colombia son el impuesto sobre la renta y complementarios, en el caso de Italia el impuesto sobre la renta de personas naturales, el impuesto sobre la renta de las sociedades y el impuesto regional sobre las actividades productivas; este beneficio es aplicable a los residentes de estos dos países.

La ley 2004 del 2019 en su artículo 4 Numeral 1 define el término “residente”:

“Cualquier persona que, bajo las leyes de ese Estado Contratante, esté sujeta a tributación en ese Estado por razón de su domicilio, residencia o lugar de constitución, lugar de administración o cualquier otro criterio de naturaleza análoga y. también incluye a: ese Estado Contratante y a cualquier subdivisión política o autoridad local del mismo, así como a un fondo de pensiones reconocido de ese Estado Contratante.”

La norma contempla casos especiales en los cuales por razones propias del individuo (doble nacionalidad, residencia en ambos países, etc.) se dificulta el establecimiento del lugar de residencia para los fines de este convenio. El articulo 4 Numeral 2º establece los procedimientos para determinar de manera clara como se dictamina el lugar de residencia en estos casos particulares.

En casos de personas distintas a personas naturales que tengan residencia en ambas naciones, se establecerá el lugar de residencia para los propósitos del convenio teniendo en cuenta “el lugar de administración efectiva, el lugar de su constitución o creación y cualquier otro factor relevante” (Ley 2004 del 2019. Artículo 4º Numeral 3º).

Las diversas actividades realizadas por personas (naturales o distintas a las naturales) en los territorios, las cuales se encuentran cobijadas con este beneficio son diversas, dentro de estas destacan:

1. Las rentas inmobiliarias: Las rentas que perciba un residente de un estado contratante provenientes de un bien inmueble en el otro estado contratante, podrán ser grabadas en el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble. En los casos de explotación agrícola y forestales, aquellos bienes accesorios al bien inmueble como lo son ganado o los elementos usado para la explotación agrícola o forestal también serán tomados en cuenta.

2. Utilidades empresariales: Las empresas de un estado contratante solo podrán ser gravadas en este, a menos que desarrolle su actividad comercial en el otro estado contratante a través de un establecimiento permanente ubicado en ese otro estado contratante. Cuando uno de los estados contratantes ajuste las utilidades que son atribuibles a un establecimiento permanente de una de las empresas contratantes de alguno de los estados y en consecuencia grave las utilidades que ya hayan sido grabadas en el otro estado contratante, el otro estado contratante en la medida de lo posible realizará las acciones pertinentes para no gestionar la doble imposición de dichas utilidades.

3. Dividendos: El numeral 4º del artículo 10 de la ley 2004 del año 2019 clasifica como dividendos a:

Las rentas de las acciones, de las acciones de disfrute o derechos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de créditos, que permiten participar en las utilidades, así como las rentas que sean tratadas como ingreso derivado de derechos sociales por la legislación tributaria del Estado Contratante del cual la sociedad que realiza la distribución es residente.”

Los dividendos pagados por una sociedad de un estado contratante a un residente del otro estado contratante podrán someterse a imposición de cargas tributarias en ese otro estado contratante, en algunos casos especiales estos mismos dividendos podrán ser cargados también en el estado contratante donde reside la sociedad que paga los dividendos, sin embargo, el impuesto que será cobrado no podrá exceder los montos establecidos en los literales a, b y c del art 10 Numeral 2º.

4. Servicios personales independientes: Los dineros que una persona logre obtener dentro del otro estado contratante por la prestación de sus servicios profesionales o actividades de carácter independiente podrán ser gravados en dicho estado, sin embargo, dichas rentas podrán ser grabadas en el otro estado sí:

Tiene una base fija en el otro estado contratante la cual usa para gestionar sus servicios o actividades en el otro estado (solo podrá grabarse en ese estado dicha base).

– Permanece más de 183 días en dicho estado y producto de su permanencia se generan dineros a su favor.

5. Pensiones: Las pensiones u otras remuneraciones similares pagadas a un residente de uno de los estados contratantes solo podrá ser sometida a imposición tributaria en ese estado contratante, sin embargo, si en dicho estado contratante no se contempla la imposición sobre dichos ingresos, se podrán gravar estos montos teniéndose en cuenta la residencia del estado donde se generen.

La firma de acuerdos de exención de doble tributación aporta beneficios para los residentes y los gobiernos contratantes.

A los residentes de los países contratantes les asegura igualdad de condiciones en el otro estado contratante con referencia a los nacionales de dicho estado contratante, todo esto en virtud del artículo 23 (no discriminación) de la ley 2004/2019.

Para los estados contratantes destacan como beneficios la mayor libertad para la circulación de dineros entre ambos países lo que trae consigo un mejoramiento de las condiciones para la inversión en ambos países, también, destaca de este acuerdo el intercambio de información constante entre ambas naciones estipulado en el art 25.

Roberto Garetto – “Opposite-sex registered partnerships and recognition issues” and “The impact of multicultural issues on the notion of «family member»” (ARTICLES)

R. Garetto, Opposite-sex registered partnerships and recognition issues

Publication date Dec 7, 2019. Publication description: J. Kramberger Škerl, L. Ruggeri, F.G. Viterbo (eds.), Case Studies and Best Practices Analysis to Enhance EU Family and Succession Law. Working Paper, Quaderni degli Annali della Facoltà giuridica, Camerino, 3, 2019, p. 89-101, ISBN 978-886768-042-9.

Abstract: This paper aims to enhance problems related to the recognition of opposite-sex
partnerships. It is based on the analysis of the case which exposes an English opposite-sex couple, that entered a civil partnership in England, and that lives in Italy. After the death of one of the partners, the survived partner has expectations to receive a survivor’s pension provided by the Italian pension found. In Italy only the survived spouse of an opposite-sex marriage or the survived partner of a same-sex civil union are entitled to the survivor’s pension. The survived opposite-sex partner has no right to claim the pension benefit. The paper will deepen the adverse effects of «limping status» for cross-border opposite-sex registered partnerships and will take into account the related taxonomic issues.

DOWNLOAD PAPER HERE

 

R. Garetto, The impact of multicultural issues on the notion of «family member»

Publication date Dec 2019. Publication descriptionin: Zbornik znanstvenih razprav, 2019, vol. 79, p. 7-22 (ISSN: 1854-3839)

Abstract: Recent family migration flows in the EU are significant and require specific attention. Migration can alter marriage, couple models, forms of cohabitation and can even redefine internal family relational dynamics. A crucial issue is a notion of “family member” itself. This notion needs to be reconsidered to reflect the rich cultural diversity and mobility. So far, the prevailing approach in law has been tendentially restrictive and Eurocentric. Family relationships that are legally recognised in some national legal systems outside the EU are not recognised in the EU (…).

DOWNLOAD PAPER HERE

 

Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

Roberto Garetto – Publications 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities

Roberto Garetto, “The evolution of the legislation on the artistic legacy in Italy. Proposals of reform of the code of cultural heritage and landscape, in 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities, Florence, (Italy), 22/10/2019-24/10/2019, Conference Proceedings, vol. 6, issue 2, Sofia, SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019, p. 109-115 – ISBN: 9786197408966, doi: 10.5593/SWS.ISCAH.2019.2. (the paper is stored in the eLIBRARY of: SWS “Conferences on Social Sciences and on Art and Humanities”)

DOWNLOAD PAPER HERE

 

Roberto Garetto, “Animal and slave in Roman law. Taxonomic issues related to the notion of res”, in 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities, Florence, (Italy), 22/10/2019-24/10/2019, Conference Proceedings, vol. 6, issue 2, Sofia, SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019, p. 9-16 – ISBN: 9786197408966, doi: 10.5593/SWS.ISCAH.2019.2. (the paper is stored in the eLIBRARY of: SWS “Conferences on Social Sciences and on Art and Humanities”)

DOWNLOAD PAPER HERE

Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

Roberto Garetto – Publications 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences

Roberto Garetto, “Sustainable development and equal access to energy sources. A human rights based approach, in 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences, Albena, (Bulgaria), 26/08/2019-01/09/2019, Conference Proceedings, vol. 6, issue 1, Sofia, SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019, p. 177-182 – ISBN: 9786197408911; doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.1. (the paper is stored in the eLIBRARY of: SWS “Conferences on Social Sciences and on Art and Humanities”)

Roberto Garetto, Civil Partnerships: the Eu Framework for Cross-Border Couples and the Recent Legislative Reform in the UK, in 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences, Albena, (Bulgaria), 26/08/2019-01/09/2019, Conference Proceedings, vol. 6, issue 1, Sofia, SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019, p. 65-70 – ISBN: 9786197408911; doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.1. (the paper is stored in the eLIBRARY of: SWS “Conferences on Social Sciences and on Art and Humanities”)

Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

 

***BOOK*** “Report on Collecting Data. Methodological and Taxonomical Analysis” – Roberto Garetto (ed)

[pdf-embedder url=”https://www.igito.it/wp-content/uploads/2020/01/9788831655453.pdf”]

 

DOWNLOAD PAPER HERE

 

Important note: The opinions expressed are presented by the Author(s) as personal opinions and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

***VIDEO*** “International Relations Theories” – Monim Benaissa

 

To take part to the online discussion on the presentation and get the respective recognition, log in (using the form you find on the right or, if you are using  amobile device, below) or subscribe to IgiTo.
Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For informationinfo@igito.it.

***ARTICOLO*** Riforma della prescrizione: gli eventuali profili di incompatibilità costituzionale, con il diritto dell’Unione Europea e con la CEDU e la relativa rilevabilità processuale – Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(A cura degli Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
1. La questione
Come noto, entra in vigore oggi (1° gennaio 2020) la riforma dell’istituto della prescrizione approvata con legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Dinanzi alle numerose voci polemiche che hanno accompagnato a suo tempo l’adozione della nuova disciplina e che si sono di recente riaccese in prossimità della sua entrata in vigore, si intende qui offrire qualche spunto – in una prospettiva strettamente giuridica e al netto delle considerazioni del legittimo dibattito politico – per verificare se e in che misura la riforma ponga problemi di compatibilità con i parametri costituzionali, sovranazionali (UE) e internazionali (CEDU) che il legislatore è tenuto a rispettare ex art. 117 comma 1 Cost., nonché in che modi e termini eventuali profili di incompatibilità potrebbero concretamente essere rilevati in sede processuale.
2. Il dettato normativo
Limitatamente a quanto qui strettamente interessa, l’art. 1 comma 1, lett. f) della legge n. 3/2019 dispone che il secondo comma dell’art. 159 del codice penale sia sostituito dal seguente:
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, come già anticipato, tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. La riforma alla luce dei principi costituzionali

 

3.1. Potenziali criticità
Dal punto di vista costituzionale, i principali aspetti di potenziale problematicità che paiono ravvisabili in relazione al nuovo secondo comma dell’art. 159 c.p. sembrano riconducibili ai quesiti di seguito indicati.
a) Che idea riflette la nuova disciplina per quanto attiene alle funzioni del diritto penale?
Andrebbe in altri termini accertato se la novella legislativa si ponga nella direzione di un diritto penale inteso quale strumento di accertamento di responsabilità ovvero – in termini che potrebbero giustificare dubbi di legittimità costituzionale – quale puro strumento di “lotta”.
b) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di necessaria ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato (art. 3 Cost.)?
Andrebbe cioè chiarito se la previsione di una possibile sottoposizione a processo senza termine definito non costituisca un eccesso irragionevole e sproporzionato dal punto di vista della risposta sanzionatoria dello Stato.
Ciò sarebbe particolarmente evidente con riferimento ai reati meno gravi: aspetto che potrebbe richiamare dubbi di compatibilità con il principio di ragionevolezza anche sotto altro profilo, ossia quello dell’irragionevole assoggettamento alla medesima disciplina di situazioni fattuali particolarmente differenti.
In questo senso, la riforma potrebbe suscitare perplessità nella misura in cui prevede la sospensione della prescrizione per tutti i processi, senza distinzioni relative, ad esempio, alla maggiore o minore gravità per i reati per cui si procede.
c) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., in primis quello di ragionevole durata del giudizio?
La questione assume particolare rilevanza specie nella misura in cui una sospensione potenzialmente sine die della prescrizione si potrebbe considerare non già una semplice riforma, ma pressoché una “abrogazione” de facto dell’istituto.
d) Come si atteggia la riforma in relazione alla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.?
Andrebbe in altri termini accertato se la nuova normativa non rischi di profilare uno slittamento dal principio in dubio pro reo a uno, opposto e difforme da quanto indicato dai precetti costituzionali, per cui il dubbio favorisce la potestà punitiva dello Stato.
e) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di legalità e tassatività?
Il quesito assume particolare rilevanza nell’ordine di idee, sostenuto in dottrina, per cui la stessa sottoposizione a processo sarebbe già di per sé considerabile una pena, peraltro senza previa condanna.
f) Come si atteggia la riforma in relazione con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.?
In particolare, vi sarebbe da considerare se la riforma possa pregiudicare l’esercizio effettivo del diritto in questione.
g) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi regolanti la finalità rieducativa della pena di cui al comma 2 dell’art. 27 Cost.?
 La questione si deve porre in rilevanza nel momento in cui si pensa al risvolto pratico di una condanna che perviene in capo al soggetto a distanza assai considerevole sia dalla commissione del fatto, sia dal primo grado di giudizio; la potenziale lontananza temporale vanificherebbe infatti il fine di rieducazione (meglio sarebbe parlare di reinserimento sociale) lasciando intatta la sola finalità retributiva.
3.2. Rilevabilità processuale
Dal punto di vista della possibilità di rilevare i profili menzionati o altri rilevanti dal punto di vista costituzionale, la via essenziale resta quella della prospettazione da parte del giudice penale, anche su istanza di parte, di una questione di legittimità avanti la Corte costituzionale.
Questo potrebbe avvenire per i primi fatti commessi dopo la mezzanotte di oggi (1° gennaio 2020) e che per primi perverranno a condanna di primo grado, ossia agli arresti in flagranza di reato per i quali si procederà con rito direttissimo con contestuale convalida dell’arresto il giorno 2 gennaio.
Se, da un lato, può porsi la questione sull’interesse legittimante la proposizione della richiesta di valutazione incidentale di costituzionalità, stante il fatto che l’interruzione della prescrizione interviene con l’emissione della sentenza e, dunque, fino ad allora il diritto non pare potersi considerare leso va, comunque, tenuto da conto che la prospettata violazione delle norme della Carta fondamentale sopraindicate si concretano al momento stesso della lettura del dispositivo e, pertanto, contestualmente alla risoluzione nel merito del caso al vaglio del Giudice non appare peregrina fin dal primo giorno di vigore della riforma porre e proporre la questione di legittimità costituzionale; gli imputati che saranno soggetti ai procedimenti per direttissima il 2 di gennaio con emissione di sentenza di primo grado, evidentemente, saranno i primi a poter essere potenzialmente “imputati a vita” e, dunque, i primi che rischieranno di subire la perpetua condanna ad processum.
4. Riforma e diritto dell’Unione Europea
 
4.1. Potenziali criticità
Alcune norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – che, come noto, dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore vincolante dei Trattati, divenendo quindi parte integrante del diritto primario dell’Unione – recano principi analoghi a quelli costituzionali sopra richiamati e, in questo senso, potrebbero suggerire simili dubbi di compatibilità.
Fra questi, giova ricordare il principio di presunzione di innocenza (art. 48 della Carta), il principio di legalità (art. 49), il diritto a un ricorso effettivo e a una decisione in un termine ragionevole (art. 47).
4.2. Rilevabilità processuale
Per quanto attiene alla possibilità di rilevare eventuali incompatibilità fra il diritto nazionale e quello dell’Unione, con specifico riferimento alla fattispecie in esame pare pertinente un richiamo al noto caso Taricco.
In quell’occasione, è noto che la Corte di giustizia dell’Unione aveva ammesso la possibilità di disapplicare proprio le norme sulla prescrizione previste dalla legge nazionale se ritenute incompatibili con il diritto dell’UE.
Ora, in quel caso, si trattava di una disapplicazione in malam partem (disapplicazione di un termine di prescrizione ritenuto troppo breve e, pertanto, tale da pregiudicare la tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione: sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, dell’8 settembre 2015, nella causa C‑105/14). Questo, come noto, aveva suscitato dubbi da parte della Corte costituzionale italiana, che aveva ritenuto legittima la disapplicazione della norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’UE ma solo nella misura in cui ciò non pregiudicasse diritti che all’imputato fossero riconosciuti dall’ordinamento costituzionale nazionale: ricostruzione, questa, poi condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, proprio su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana (sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 5 dicembre 2017, nella causa C‑42/17).
Orbene, nel caso che ci occupa, l’eventuale disapplicazione della norma nazionale che reca la riforma della prescrizione non sarebbe certamente incompatibile con diritti dell’imputato – giacché, a differenza di quanto avveniva nel caso Taricco, si tratterebbe di disapplicazione in bonam e non in malam partem – e, quindi, v’è da ritenere che a tale disapplicazione si potrebbe senz’altro fare luogo in virtù del principio enunciato nel caso Taricco.
Va da ultimo precisato che a tale disapplicazione potrebbe provvedere direttamente il giudice penale, salvo l’eventuale preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
5. Riforma e CEDU
5.1. Potenziali criticità
Criticità analoghe a quelle sopra riportate emergono in relazione agli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che consacrano principi e diritti in linea con quelli già evidenziati a livello costituzionale e di Unione Europea.
In questo senso, rilevano il diritto all’equo processo, al termine ragionevole e il principio di presunzione di innocenza (art. 6) nonché il principio di legalità (art. 7).
5.2. Rilevabilità processuale
È noto che alla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale cui compete l’accertamento delle violazioni, da parte degli Stati, delle norme della CEDU si può accedere, ordinariamente, previo esaurimento dei mezzi di ricorsi interni (art. 35 CEDU). Andrebbe così preliminarmente concluso il processo nazionale.
Ciò nondimeno, va ricordata la giurisprudenza della Corte richiamata in maniera chiara nella sentenza relativa al caso Scoppola:
l’obbligo derivante dall’articolo 35 si limita a quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti e accessibili (Sofri e altri c. Italia (dec.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive soltanto l’esaurimento dei ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza che manchino loro i necessari caratteri di effettività e accessibilità (Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, § 38, Recueil 1998-I). Inoltre, secondo i «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne per lui disponibili (Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI)” (sentenza Scoppola c. Italia [GC], ricorso n. 10249/03, sentenza del 17 settembre 2009, par. 63).
Detto altrimenti, qualora la sospensione sine die della prescrizione ritardasse in maniera irragionevole la possibilità concreta di “esaurire” i ricorsi interni, la stessa giurisprudenza della Corte europea ammetterebbe la proponibilità di un ricorso anche prima della conclusione del processo nazionale.

***ARTICOLO*** Campagna popolare per l’agricoltura contadina: il lungo percorso per la tutela dei contadini in Italia – Dott.ssa Giulia Caddeo

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(A cura della Dott.ssa Giulia Caddeo (Égalité – Great Italian Food Trade). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
La Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano la terra è opportunamente citata, congiuntamente alla Via Campesina, nella parte narrativa delle Disposizioni in materia di agricoltura contadina (1825), proposta di legge presentata alla Camera lo scorso 6 maggio e affidata in sede referente alla commissione agricoltura lo scorso 21 agosto, anche se non ancora calendarizzata. Essa si configura come ultimo tassello della Campagna per l’agricoltura contadina, che prende il via nel 2009 grazie a una rete di associazioni che si battono per l’ottenimento di una legge nazionale che riconosca le realtà contadine in Italia e le sostenga con misure puntuali e concrete.
L’agricoltura contadina si colloca in un contesto di pluralità di agricolture. Va al di là del concetto di mera attività economica, svolgendo una funzione sociale di tutela del territorio, di custodia della terra come bene comune dell’umanità, di tradizioni e tecniche agricole, della biodiversità e del rispetto degli ecosistemi. Per queste ragioni essa necessita di particolari forme di sostegno, incentivo e protezione, a partire da una definizione legislativa che descriva e la riconosca come categoria giuridica. Le caratteristiche strutturali delle aziende agricole italiane sono intimamente legate alle caratteristiche del territorio italiano, prevalentemente montuoso e collinare. Il panorama agricolo italiano si caratterizza per la presenza capillare e parcellizzata di piccole aziende diretto-coltivatrici e di poche macrorealtà industriali, concentrate prevalentemente nel Centro-Sud.
L‘agricoltura dei contadini che non sono imprenditori e tanto meno industriali della terra” resta“quasi invisibile allo sguardo della legge che non la riconosce come costituzionalmente diversa dall’altra (e perfino opposta, negli effetti) e non ne sa ascoltare la voce.
Così si legge nel comunicato stampa dei promotori della Campagna.
Da allora, anno della sua istituzione, diversi passaggi portano le istanze della Campagna sul piano istituzionale: nel 2010, la petizione della Campagna per una legge sull’agricoltura contadina diviene proposta di legge. Cambi di governo e ministri portano all’interruzione dell’iniziativa, ma nuovo impulso viene dato il 10 ottobre 2013 con la presentazione delle Linee guida per una legge quadro sulle agricolture contadine.
Tra il 2014 e il 2015 vengono presentate quattro proposte di legge simili sul medesimo tema. La “Legge quadro sull’agricoltura contadina” (2025), proposta depositata dall’Onorevole Zaccagnini, redatta di concerto con i membri della Campagna Contadina, è quella che meglio ne raccoglie le istanze. Essa introduce i concetti di sovranità alimentare, bene comune, agroecologia, accesso alla terra, individuando, allo stesso tempo, misure puntuali e concrete a sostegno dei contadini. Sulla base della definizione tecnica di cosa siano le agricolture contadine, la proposta indica anche uno specifico albo in cui esse debbano venire registrate. Le imprese così individuate godono di specifiche misure di tutela e agevolazioni. Per esempio, disposizioni di semplificazione riguardano la lavorazione, la trasformazione, la vendita e l’etichettatura di limitate quantità di prodotti di filiera corta e di produzione locale; è prevista la riduzione di contributi assistenziali e previdenziali, così come l’esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i 25.000 euro annui, la riduzione di non meno dell’80% di tasse e imposte gravanti sulle attività commerciali di vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. I mercati contadini che non producono rifiuti sono esentati dalla relativa tassa. Sono, inoltre, previsti l’accesso prioritario ai mercati locali, il libero utilizzo delle sementi da parte dei contadini, così come il recupero delle terre incolte.
Il 13 dicembre 2017 il comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera giunge all’adozione del testo base, sintetizzando i contenuti delle quattro proposte. Con le elezioni del marzo 2018, purtroppo, cambiando i parlamentari di riferimento, l’avanzamento della proposta di legge subisce una fase di arresto. Il Coordinamento della Campagna rielabora, quindi, il testo da proporre ai nuovi parlamentari, assemblando la legge Zaccagnini con istituti introdotti dalle altre tre proposte, ma ad oggi la discussione parlamentare su questi temi è ferma. Se, infatti, a livello internazionale il progressivo riconoscimento della dimensione contadina ha portato alla recente approvazione, nel novembre 2018, della Dichiarazione ONU per i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in ambito rurale, il panorama nazionale risulta ancora refrattario a queste innovazioni.
Nuovo impulso, poi, dovrà essere dato ora che un nuovo governo si è formato: gli impegni presi dall’On. Filippo Gallinella nell’ambito degli incontri istituzionali del 14 e del 25 febbraio 2019 sulla ripresentazione della Campagna e di quelli incorporati nella proposta di legge a firma Cunial rientrano pienamente nel ventinovesimo punto del programma di governo Conte bis:
È necessario […] adottare gli strumenti necessari per preservare le colture tradizionali e biologiche, tutelando peculiarità e specificità produttive, così come l’agricoltura contadina nelle cosiddette “aree marginali”.”
A fronte dell’esistenza di diverse forme di agricoltura, le attuali politiche agricole sono  strutturate per sostenere prevalentemente quella di larga scala, capitalizzata e meccanizzata, caratterizzata da forte competitività nei mercati globali. Servono misure concrete che riconoscano la coesistenza di differenti tipologie di agricoltura e agevolino le aziende di piccole dimensioni che attuano modelli agricoli ecologici in armonia con l’ecosistema di riferimento. Speriamo che la neonominata Teresa Bellanova sia in grado di accettare e affronatre la sfida, anche nell’ambito della nuova PAC 2021-2027.
Nell’ambito del convegno Terra e diritti dello scorso 14 giugno, organizzato presso la sede dell’associazione Piemonte Grecia da ARI e CIVG, è stato messa in rilievo la portata culturale dell’ingresso in parlamento di proposte di legge che introducono nell’ambito legislativo nazionale italiano la nozione di contadino e concetti quali quelli di sovranità alimentare, bene comune, diritto alla terra, facendo riferimento anche a fonti di rango internazionale quali la Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano la terra, le cui obbligazioni vanno adempiute tramite politiche attente e lungimiranti.
La speranza è che si arrivi presto all’approvazione di una legge sull’agricoltura contadina, la volontà è quella di mantenere viva l’attenzione su questo tema così importante per il comparto agricolo italiano.

***ARTICOLO*** “Diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali: la presa di posizione ufficiale delle Nazioni Unite” – Dott. Alessandro Zavatteri

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(A cura del Dott. Alessandro Zavatteri (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
Il 17 dicembre 2018 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua formazione plenaria, ha adottato la Risoluzione A/RES/73/165, recante la “Dichiarazione dei diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali”. Tale documento è il frutto di decenni di lotte sociali portate avanti dalle comunità contadine di varie aree del mondo, la cui voce si è riunita in particolare intorno all’azione del movimento internazionale La Vía Campesina. La Dichiarazione rappresenta un’importantissima presa di posizione politica e culturale della comunità internazionale sul tema della tutela dei diritti di tutti coloro che lavorano nelle aree rurali e, nonostante dal punto di vista del diritto internazionale non abbia efficacia vincolante, la sua adozione implica comunque un’assunzione di responsabilità, alla quale gli Stati non potranno sottrarsi con leggerezza.
La necessità di una dichiarazione di diritti specifica per i contadini e gli altri lavoratori rurali è derivata dalla loro ormai conclamata condizione di vulnerabilità, che si manifesta specialmente nelle seguenti aspre contraddizioni: l’80% delle persone che soffrono la fame vive nelle zone rurali ed il 50% di quelle persone posseggono unità produttive agricole di piccola scala; circa 500 milionidi unità produttive agricole, nei paesi in via di sviluppo, nutrono circa 2 miliardi di persone, ossiaun terzo dell’umanità; nonostante ciò, lagricoltura familiare produce più del 70 % dell’alimentazione mondiale.
Di fronte a tale realtà, il documento adottato dalle Nazioni Unite sancisce un cambio di prospettiva rispetto alle politiche di sviluppo per il futuro, tanto a livello nazionale come a livello internazionale. Esso riconosce la necessità di considerare tutti i diritti umani come ugualmente degni e di pari gerarchia, al fine di abbandonare logiche radicalmente individualistiche, spesso di natura strettamente economica e finanziaria, e di recuperare, da un lato, un sempre più sbiadito senso della collettività, dall’altro, una sensibilità umanistica sempre più repressa da discorsi tecnico-utilitaristici. Tale spirito è rappresentato altresì dalla circostanza che, prima di essere sottoposta al voto finale della formazione plenaria, nonostante lo sviluppo dell’agricoltura, lo sviluppo sostenibile, la nutrizione. la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare – concetti fondamentali della medesima Dichiarazione – siano temi rientranti esplicitamente nella competenza della Seconda Commissione Principale dell’AG delle Nazioni Unite, che si occupa di “Affari economici e finanziari”, la proposta di risoluzione recante la dichiarazione dei contadini e degli altri lavoratori rurali è stata affidata ai lavori della Terza Commissione Principale, che si occupa di “Affari sociali, umanitari e culturali”.
Purtroppo, duole constatare che, sui 121 voti espressi a favore del documento in questione, solo una minima parte è provenuta da paesi cosiddetti “occidentali” o “sviluppati”; la presenza di questi ultimi, al contrario, è massiccia nell’elenco dei voti contrari e degli astenuti; fra gli astenuti, si registra la massiccia presenza del blocco dei paesi europei, fra i quali l’Italia. In altre parole, i voti favorevoli sono stati espressi da tre aree di mondo: l’America Latina, l’Africa e l’Asia. Non mancano certo eccezioni eccellenti, in un senso e nell’altro: da un lato, hanno votato a favore Portogallo, Svizzera, Monaco e Repubblica di Moldova; dall’altro, Argentina, Brasile e Colombia, si sono astenuti. Fra i casi menzionati, risalta soprattutto quello della Colombia, che nel 2016, dopo più di cinquant’anni di guerra civile combattuta per la riforma agraria, con il disarmo delle FARC e l’adozione dell’Accordo Finale di Pace per la riforma rurale integrale, pareva finalmente aver imboccato la strada della pace, che oggi tuttavia sembra più che mai lontana, a causa della persistenza del conflitto armato interno e del massacro di moltissimi lider sociali contadini indigeni e non indigeni.
In ogni caso, occorre tener presente che la Dichiarazione dei diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali non può e non deve essere vista come la dichiarazione dei paesi latinoamericani, africani ed asiatici, bensì come atto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ossia di un organo rappresentativo della comunità internazionale. I problemi che essa considera sono di interesse comune, dal momento che i problemi che affliggono i lavoratori rurali nei paesi cosiddetti “del terzo mondo” e “in via di sviluppo” spesso non sono scomparsi nei cosiddetti “paesi sviluppati”, ma si presentano soltanto sotto altre vesti, in altre forme. Inoltre, l’esperienza di tali paesi deve essere tenuta in grande considerazione, dal momento che la storia non è affatto sinonimo di progresso: ad esempio, le due guerre mondiali hanno riportato hanno fatto regredire l’agricoltura italiana di decenni, mettendo i nostri lavoratori rurali nuovamente a confronto con problemi che si davano per superati. Infine, se davvero si intende pensare lo sviluppo in un’ottica internazionale, è necessario che i paesi (economicamente) sviluppati riconoscano il proprio concorso di responsabilità nell’aver creato e nel continuare a creare, con le proprie politiche economiche, commerciali e finanziarie, quelle disparità dalle quali sono emerse molte delle istanze di giustizia rappresentate nella Dichiarazione; le medesime istanze che, tra l’altro, cominciano a permeare altresì le loro società.